La entidad rechaza la propuesta del Gobierno de limitar la compra de viviendas a quienes no vayan a residir en ellas, una medida que, lejos de frenar la especulación, reducirá la oferta, elevará los precios y perjudicará tanto a propietarios como a inquilinos.
La Cámara de la Propiedad Urbana de Castilla y León expresa su rotundo rechazo a la propuesta anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para vetar la compra de viviendas a quienes no vayan a residir en ellas y actuar en las denominadas “zonas tensionadas”. Según la Cámara esta medida no solo no solucionará los problemas de acceso a la vivienda, sino que profundizará en el desequilibrio del mercado, afectando a propietarios, inquilinos y a la propia economía del alquiler.
“Cada nueva medida intervencionista está reduciendo la confianza del propietario y desincentivando la salida de viviendas al mercado del alquiler. Si hay menos oferta, los precios suben y todos salen perjudicados”, advierte la Cámara.
Un modelo que castiga al propietario y ahoga la oferta
La Cámara de la Propiedad Urbana recuerda que el mercado de la vivienda necesita seguridad y estímulos, no más restricciones. En los últimos años, las limitaciones impuestas —como el tope a la actualización de rentas, la declaración de zonas tensionadas o la creciente inseguridad jurídica para los arrendadores— han tenido el efecto contrario al deseado: menos propietarios dispuestos a alquilar, menos oferta y alquileres más caros.
“Prohibir o limitar la compra de viviendas a determinados perfiles no resolverá el problema estructural de falta de oferta. Lo que conseguirá es asustar la inversión y paralizar aún más un mercado que ya está tensionado”, sostiene la Cámara.
Las consecuencias previsibles de esta medida
- Menos vivienda disponible: si se restringe la compra o se penaliza la inversión, muchos inmuebles no saldrán al mercado del alquiler.
- Subida de precios: con menos oferta, los precios tenderán al alza, especialmente en zonas urbanas y turísticas.
- Desconfianza y fuga de capital: los propietarios e inversores verán en España un entorno de incertidumbre y exceso de control político.
- Inseguridad jurídica: las continuas modificaciones legales generan confusión y retraen la puesta en alquiler de nuevas viviendas.
Medidas alternativas que sí funcionarían
Desde la Cámara de la Propiedad Urbana de Castilla y León se propone un cambio de enfoque:
- Protección al propietario: impulsar seguros de impago, avales públicos y medidas que garanticen el cumplimiento de los contratos.
- Incentivos fiscales: bonificaciones en el IRPF o deducciones por alquilar a precios asequibles.
- Seguridad jurídica: estabilidad normativa que devuelva la confianza a quienes ofrecen vivienda en alquiler.
- Más colaboración público-privada: planes que promuevan vivienda asequible sin excluir a los propietarios privados del proceso.
La Cámara de la Propiedad Urbana considera que esta nueva propuesta del Gobierno supone un paso más en la política de control del mercado que está demostrando ser ineficaz.