La Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid muestra su preocupación ante la aprobación del Real Decreto-ley 16/2025, publicado en el BOE el 24 de diciembre, por el que se prorroga nuevamente —hasta el 31 de diciembre de 2026— la suspensión de los juicios de desahucio y los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Una medida que nació durante la pandemia con carácter excepcional y temporal y que, casi seis años después, sigue aplicándose de manera continuada a la espera de su convalidación parlamentaria.
- Una prórroga que perjudica a los arrendadores e inquilinos vulnerables
El artículo 33 de la Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada. Sin embargo, la sucesión de prórrogas desde 2020 supone una limitación continuada e injustificada, dificultando que los propietarios recuperen la posesión de su vivienda y perciban las rentas en plazos razonables.
Lo que fue una respuesta urgente a la crisis sanitaria se ha convertido en un mecanismo permanente que traslada a los propietarios cargas que corresponden al Estado, rompiendo el equilibrio entre la función social de la propiedad y la protección de este derecho fundamental.
La Cámara destaca que esta inseguridad jurídica está provocando que muchos propietarios eviten alquilar viviendas para uso habitual y opten por contratos temporales, turísticos o de habitaciones, donde el riesgo es menor. Como consecuencia, disminuye la oferta de vivienda para los colectivos vulnerables, precisamente quienes deberían verse protegidos por la medida.
Además, las suspensiones prolongadas desincentivan el pago de la renta, ya que el incumplimiento apenas tiene efectos inmediatos, contribuyendo a agravar el problema.
- Dudas constitucionales por el uso reiterado del Real Decreto-ley
El artículo 86 de la Constitución permite recurrir al Real Decreto-ley sólo en situaciones de urgente y extraordinaria necesidad. Mantener esta medida durante casi seis años hace difícil sostener su carácter excepcional, especialmente cuando el propio Gobierno afirma que la economía atraviesa un momento favorable.
A ello se suma que la Administración se ve obligada a compensar a los arrendadores con fondos públicos inicialmente destinados a la creación de vivienda social, lo que no resuelve la raíz del problema, sino que lo cronifica.
- Ya existen mecanismos legales para suspender desahucios en casos de vulnerabilidad
La Cámara recuerda que el artículo 441.5–7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ya prevé un sistema de suspensión con garantías, que incluye control judicial, intervención de los servicios sociales, audiencia al arrendador y plazos máximos de suspensión.
Este procedimiento, plenamente consolidado en el ordenamiento jurídico, equilibra la protección de los hogares vulnerables con la tutela judicial efectiva y el derecho de propiedad, evitando recurrir a medidas coyunturales y cuestionadas constitucionalmente.
Una medida que se aleja de su objetivo y empeora el acceso a la vivienda
Una norma nacida para una situación excepcional se ha transformado en una herramienta permanente que desincentiva el mercado del alquiler, favorece otras modalidades contractuales y dificulta el acceso a una vivienda digna, derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución.
Por todo ello, la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid considera que la prórroga del Real Decreto-ley 16/2025 es innecesaria y contraproducente, y que existen mecanismos ordinarios suficientes para proteger a los hogares vulnerables sin menoscabar los derechos de los arrendadores.
A la espera de su tramitación en el Congreso, instamos a todas las fuerzas políticas a realizar una reflexión profunda y alejada de planteamientos partidistas para abordar una medida que no soluciona el problema de vivienda y que, además, traslada a los propietarios responsabilidades que deben asumir las Administraciones Públicas.