La Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid valora la finalización de la moratoria de desahucios después de que el Congreso de los Diputados no haya convalidado el Real Decreto-ley 2/2026, que contemplaba una nueva prórroga de la suspensión de los desahucios en casos de vulnerabilidad y la prohibición de cortar suministros básicos a los hogares afectados.
Su presidente, Pablo Ferreras, afirma que “para muchos propietarios termina una etapa de enorme inseguridad jurídica. Durante años han tenido sus procedimientos paralizados y han dejado de percibir rentas imprescindibles sin alternativa alguna. Que se recupere la normalidad legal es positivo, pero no es suficiente. Necesitamos que las administraciones garanticen soluciones habitacionales para las familias vulnerables, porque esa responsabilidad no puede volver a recaer sobre los arrendadores”.
Ferreras subraya además que “si no se refuerza la red pública de vivienda y los mecanismos de atención social, los propietarios continuarán expuestos a largos periodos sin ingresos y sin recuperar sus viviendas, algo que desincentiva por completo poner más inmuebles en alquiler”.
Qué supone para los propietarios
El Real Decreto-ley 2/2026, aprobado por el Gobierno el 3 de febrero y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incluía una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de los desahucios para inquilinos vulnerables. Su rechazo parlamentario implica que la moratoria deja de tener efectos en cuanto se publique formalmente su finalización.
La versión del decreto que ha decaído introducía una novedad importante: los propietarios de dos o menos viviendas quedaban fuera de esa suspensión, de modo que la búsqueda de alternativas habitacionales para los inquilinos vulnerables recaía en los servicios sociales. La medida solo afectaba a grandes tenedores.
Tras la caída del decreto, las consecuencias para los propietarios son claras:
- Se reactiva la posibilidad de continuar los procedimientos de desahucio que estaban paralizados, siempre bajo el cauce judicial.
- Los arrendadores que llevan meses o incluso años sin cobrar podrán recuperar la vía legal para retomar la posesión de sus viviendas.
- Desaparece la opción de solicitar compensaciones económicas por rentas no percibidas, lo que cierra esta vía sin que muchos propietarios hayan llegado a recibir resarcimiento.
- Los procesos suspendidos dejarán de estar bloqueados, retomando su tramitación ordinaria.
Un impacto directo en cientos de propietarios
La Cámara recuerda que la moratoria, activa desde la pandemia, ha generado situaciones especialmente complejas para los pequeños arrendadores, que han tenido que seguir afrontando hipotecas, impuestos, derramas, mantenimiento y suministros sin recibir la renta correspondiente. En algunos casos, se trata de ahorros familiares o viviendas destinadas a complementar ingresos básicos.
Ferreras insiste en que “sin seguridad jurídica y sin soluciones públicas eficaces, muchos propietarios dejarán de alquilar. Eso reduce la oferta, encarece el mercado y perjudica tanto a inquilinos como a propietarios y administraciones”.
La Cámara pide medidas urgentes y estables
La institución reclama:
- Un marco normativo claro, estable y seguro que incentive a los arrendadores a mantener sus viviendas en el mercado.
- Impulso real y sostenido de la vivienda social, evitando que recaiga sobre los propietarios la gestión de situaciones de exclusión.
- Refuerzo inmediato de los servicios sociales para atender a las familias vulnerables que se verán afectadas por el fin de la moratoria.
La Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid considera que el fin de la moratoria es un paso necesario, pero insuficiente, y recuerda que solo con soluciones estructurales se podrá garantizar un mercado del alquiler equilibrado, seguro y sostenible.