La Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid manifiesta su preocupación ante la finalización este mes de las ayudas extraordinarias relacionadas con la suspensión de desahucios y con las bonificaciones al transporte público, dos medidas que han influido de forma directa en la estabilidad del mercado de la vivienda en la provincia. La entidad advierte de que la falta de información oficial sobre la continuidad o finalización de ambas líneas de apoyo genera un escenario de incertidumbre que condiciona tanto a propietarios como a inquilinos.
La suspensión excepcional de desahucios regulada en el Real Decreto-ley 1/2025 mantiene en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025 un marco de carácter extraordinario que se inició durante la pandemia. Cinco años después, su aplicación continúa produciendo efectos relevantes sobre los procedimientos de recuperación de inmuebles y sobre la situación económica de muchos propietarios que dependen del alquiler como fuente principal o complementaria de ingresos. La Cámara recuerda que los mecanismos de compensación establecidos en la normativa no han proporcionado hasta ahora la agilidad ni la transparencia necesarias para garantizar una atención efectiva a los propietarios afectados. Asimismo, advierte de que la continuidad de las ayudas al transporte depende de decisiones presupuestarias todavía pendientes para 2026, lo que introduce un importante grado de incertidumbre para ciudadanos y propietarios.
La prolongación aumenta la incertidumbre y desincentiva la oferta de vivienda
La Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid observa cómo la prolongación de esta medida ha consolidado un contexto de inseguridad jurídica que repercute especialmente en pequeños y medianos propietarios. El mantenimiento de un marco excepcional, sin un plan de transición ni una previsión clara sobre su finalización definitiva, contribuye a que muchas viviendas no entren en el mercado del alquiler, reduciendo la oferta disponible y generando tensiones adicionales en un entorno de alta demanda.
La entidad considera fundamental que las administraciones públicas impulsen soluciones equilibradas, donde la protección de los colectivos vulnerables se articule a través de políticas de vivienda social, mediación y programas específicos, sin trasladar de forma indefinida el peso de esa protección sobre los propietarios particulares. Asimismo, la Cámara demanda la activación de procedimientos eficaces de compensación para los casos en que la suspensión de los lanzamientos haya impedido a los propietarios disponer de sus inmuebles en los plazos contractuales previstos.
CAMPRUVA recuerda que, aunque la normativa contempla mecanismos de compensación para los propietarios afectados por la suspensión de desahucios, la realidad es que estos sistemas no ofrecen una protección efectiva. Desde la experiencia diaria de la entidad, no se observa que estas compensaciones se estén aplicando de manera real y sistemática, y persiste un notable desconocimiento sobre cuántos propietarios han sido realmente resarcidos. Esta falta de transparencia y de resultados palpables dificulta evaluar el alcance de las medidas y agrava la inseguridad de quienes han visto limitada su capacidad para disponer de su vivienda.
Consecuencias de las ayudas al transporte
La posible finalización de las bonificaciones al transporte modificará la movilidad y la demanda residencial en Valladolid. La Cámara sigue con atención la evolución de las medidas de apoyo al transporte recogidas en las bonificaciones al transporte público, fundamentales para numerosos trabajadores que residen en Valladolid y se desplazan diariamente a Madrid. Estas bonificaciones han permitido que la provincia mantenga una demanda residencial estable asociada a la movilidad interprovincial, especialmente en zonas con buena conectividad ferroviaria.
La eventual desaparición de estas ayudas implicaría un incremento significativo del coste de los desplazamientos habituales, lo que podría modificar las decisiones residenciales de un número importante de familias. Esta variación en los patrones de movilidad afectaría de forma directa a la demanda de vivienda en alquiler, con impactos en la ocupación, los precios y la planificación del mercado inmobiliario local.
La Cámara subraya que la ausencia de información clara sobre la continuidad de estas bonificaciones dificulta tanto la planificación de las familias como la de los propietarios que ajustan su oferta de vivienda en función de la demanda generada por los desplazamientos laborales hacia Madrid.
Información y previsión
CAMPRUVA considera prioritario que el Gobierno central y las administraciones competentes clarifiquen con urgencia el calendario y el alcance de la finalización de estas medidas. La confluencia del fin de la suspensión de desahucios y de las bonificaciones al transporte, sin previsión ni información oficial suficiente, podría afectar de manera significativa al mercado del alquiler, a la seguridad jurídica de los propietarios y a la movilidad que ha sostenido la actividad económica y residencial de la provincia en los últimos años.
La Cámara reitera su disposición a colaborar con las administraciones para aportar propuestas que favorezcan un marco normativo equilibrado, que garantice la protección social necesaria sin comprometer la estabilidad del derecho de propiedad ni el buen funcionamiento del mercado de la vivienda.