La Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid constata este descenso y recuerda que ya advirtió de las consecuencias que podían tener los nuevos decretos sobre la disposición de los propietarios a alquilar sus viviendas. La Cámara alerta de que la incertidumbre jurídica está generando una creciente preocupación entre los arrendadores y puede agravar todavía más la falta de oferta.
La formalización de nuevos contratos de alquiler ha descendido un 20 % en Valladolid desde la puesta en marcha de las nuevas medidas estatales en materia de vivienda. Así lo constata la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid (CAMPRUVA) a partir de los datos de los depósitos de fianzas que recibe y registra, un indicador que permite conocer la evolución de los nuevos arrendamientos en el mercado inmobiliario.
, desincentivar la puesta de viviendas en alquiler y dificultar todavía más el acceso a quienes necesitan encontrar una casa.
La Cámara señala que esta evolución de los datos coincide, además, con una preocupación cada vez más presente en su actividad diaria. Los propietarios trasladan sus dudas sobre las condiciones en las que pueden alquilar sus inmuebles, las garantías jurídicas que tienen y la incertidumbre sobre cuándo y en qué circunstancias podrán recuperar sus viviendas.
“Ya advertimos de que estas medidas podían tener consecuencias negativas sobre la oferta de alquiler. Ahora estamos constatando un descenso significativo en la formalización de nuevos contratos y escuchando cada día la preocupación de propietarios que se plantean si realmente les compensa seguir alquilando sus viviendas”, señala CAMPRUVA.
Menos contratos, menos oferta y más dificultades para acceder a una vivienda
Para la Cámara, la evolución del mercado confirma que el problema de la vivienda no puede abordarse únicamente desde la protección de quienes ya tienen un contrato de alquiler. También es imprescindible tener en cuenta a quienes necesitan acceder por primera vez a una vivienda y dependen de que exista una oferta suficiente.
CAMPRUVA advierte de que, si los propietarios perciben cada vez más inseguridad y menos garantías, muchos pueden optar por no alquilar sus inmuebles, venderlos o buscar otras alternativas. Una decisión individual que, cuando se extiende, tiene consecuencias sobre el conjunto del mercado.
La reducción de la oferta incrementa la competencia entre quienes buscan vivienda, dificulta especialmente el acceso a los colectivos más vulnerables y puede ejercer una presión adicional sobre los precios y las condiciones exigidas a los futuros inquilinos.
“¿De qué sirve proteger al inquilino de hoy si las medidas hacen que mañana haya menos viviendas disponibles para alquilar? Estamos protegiendo a una parte del mercado mientras hacemos más difícil entrar en él a quienes todavía necesitan una vivienda”, recuerda la entidad.