La Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid advierte de que la acumulación de prórrogas obligatorias, nuevas limitaciones e indemnizaciones puede provocar un bloqueo del mercado inmobiliario. Alerta de que el segundo Real Decreto-ley de vivienda puede provocar un efecto contrario al que necesita el mercado: que cada vez más propietarios decidan no poner sus viviendas en alquiler.
Desde ayer, numerosos propietarios han acudido a CAMPRUVA alarmados y desconcertados por las nuevas medidas, y algunos ya están tomando decisiones sobre el futuro de sus viviendas: ponerlas a la venta, retirarlas del alquiler habitual o destinarlas a alquiler temporal.
A juicio de CAMPRUVA, las nuevas medidas incrementan de forma significativa la incertidumbre y el riesgo para los propietarios, en un momento en el que el principal problema del mercado inmobiliario es precisamente la falta de vivienda disponible, especialmente en alquiler.
El nuevo Real Decreto-ley establece que, una vez transcurridos los cinco años mínimos de duración del contrato —siete cuando el arrendador sea una persona jurídica—, los alquileres podrán quedar sujetos a prórrogas sucesivas de cinco años, o siete en el caso de personas jurídicas, salvo que alguna de las partes comunique su voluntad de no prorrogarlo. El propietario deberá comunicarlo con seis meses de antelación.
A esta obligación se suma una medida que, para CAMPRUVA, supone un nuevo elemento de riesgo: cuando el arrendador comunique válidamente su voluntad de no prorrogar el contrato, deberá indemnizar al inquilino con una cantidad equivalente, como mínimo, a doce mensualidades de renta de una vivienda de características análogas.
La Cámara considera especialmente preocupante que estas nuevas obligaciones se incorporen apenas un día después del primer Real Decreto-ley de vivienda, que ya establecía una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos vigentes.
CAMPRUVA teme un bloqueo del mercado
Para CAMPRUVA, la sucesión de medidas introduce un escenario de creciente inseguridad para quienes tienen una vivienda en propiedad y valoran destinarla al alquiler. “Si cada vez resulta más difícil recuperar una vivienda, más costoso finalizar un contrato y mayor la incertidumbre sobre las condiciones futuras, el propietario puede optar sencillamente por no alquilar”, advierte la Cámara.
CAMPRUVA considera que este efecto puede terminar generando un círculo contrario al objetivo de aumentar la oferta: menos propietarios dispuestos a alquilar, menos viviendas disponibles, mayor tensión sobre los precios y mayores dificultades para quienes buscan una vivienda.
La preocupación no se limita al mercado del alquiler. La Cámara advierte también de que una mayor inseguridad para el propietario puede acabar afectando al conjunto del mercado inmobiliario, al modificar las decisiones de quienes actualmente destinan sus viviendas al alquiler o se plantean hacerlo.
La Cámara considera necesario abrir un debate sobre las consecuencias que estas medidas pueden tener a medio y largo plazo y reclama políticas que permitan movilizar más vivienda hacia el mercado, en lugar de generar incentivos para que los propietarios la retiren.