La Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid considera que las nuevas medidas incrementan las obligaciones de los arrendadores, generan inseguridad jurídica y pueden reducir todavía más la oferta de alquiler. La entidad advierte de que la protección de los hogares vulnerables debe financiarse con recursos públicos y no convertirse en una carga recurrente para quienes ponen sus viviendas en el mercado.
Las nuevas medidas en materia de vivienda convalidadas por la Diputación Permanente del Congreso consolidan un modelo de intervención del mercado residencial que, en opinión de la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid, vuelve a trasladar a los propietarios particulares responsabilidades que corresponden a las administraciones públicas. Aunque el texto incorpora algunas modificaciones respecto a su versión anterior para facilitar su aprobación, mantiene unas obligaciones y limitaciones que afectan directamente a los arrendadores, incrementan la incertidumbre normativa y pueden desincentivar la puesta de viviendas en alquiler.
La Cámara considera que estas políticas parten de un planteamiento equivocado: intentar resolver los problemas de acceso a la vivienda mediante nuevas restricciones para quienes ofrecen inmuebles en el mercado, en lugar de abordar el principal problema estructural, que es la insuficiencia de oferta residencial.
“Se está trasladando a los propietarios particulares el coste de unas políticas sociales que deben garantizar las administraciones públicas. Se les exige que asuman nuevas obligaciones y limitaciones, pero no se les proporciona la seguridad jurídica necesaria para que sigan confiando en el alquiler como una opción viable. No podemos pretender solucionar la crisis de vivienda haciendo responsables de ella a quienes ponen sus inmuebles a disposición de los ciudadanos”, señala Óscar Rodríguez, director de la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid.
Más obligaciones y limitaciones para los propietarios
Entre las medidas que incorpora el decreto destacan varias que afectan directamente a las condiciones económicas y jurídicas de los contratos de arrendamiento.
Una de las más relevantes es la limitación de la actualización de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027. Cuando el alquiler supere el límite máximo del índice de referencia aplicable, no podrá actualizarse; en el resto de los supuestos, el incremento estará limitado al 2%.
También se contempla la posibilidad de que los inquilinos soliciten prórrogas extraordinarias de hasta dos años para determinados contratos de vivienda habitual cuya finalización esté prevista antes del 31 de diciembre de 2028. Durante ese periodo se mantienen las condiciones del contrato, lo que limita la capacidad del propietario para recuperar la disponibilidad de su inmueble. A ello se suma el refuerzo de la protección frente a los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional, con una extensión de determinadas medidas de suspensión hasta el 31 de diciembre de 2030.
La Cámara recuerda que estas medidas afectan especialmente a los pequeños propietarios, que constituyen una parte fundamental del mercado del alquiler y que, en muchos casos, dependen de los ingresos de sus inmuebles para complementar sus economías familiares. La organización considera que la acumulación de limitaciones sobre la renta, la duración y la disponibilidad de las viviendas genera un escenario de incertidumbre que puede llevar a muchos propietarios a retirar sus inmuebles del alquiler residencial o a buscar otras alternativas.
La protección de los inquilinos no puede financiarse a costa de los propietarios
La Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid defiende la necesidad de proteger a las familias y a las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, pero considera que esa protección debe articularse mediante políticas públicas dotadas de financiación suficiente.
No resulta razonable que un propietario particular tenga que asumir de manera recurrente las consecuencias económicas de una política social, soportando limitaciones en la disponibilidad de su vivienda o en los ingresos que obtiene de ella.
La protección de los hogares vulnerables debe garantizarse con recursos públicos, mediante un parque suficiente de vivienda social, ayudas al alquiler, alternativas habitacionales y mecanismos de compensación adecuados para los propietarios afectados.
“La responsabilidad de garantizar una vivienda a las personas vulnerables es de las administraciones. Los propietarios no pueden convertirse en la solución habitacional de emergencia del sistema público ni asumir indefinidamente el coste de unas políticas que no les corresponde financiar”, apunta Óscar Rodríguez.
Esta situación se ve agravada, además, por la inseguridad jurídica y el desconocimiento generalizado que existe entre los pequeños propietarios ante una normativa que cambia de forma constante y que incorpora nuevas obligaciones y excepciones.
La Cámara advierte de que esta incertidumbre no favorece la incorporación de nuevas viviendas al mercado y puede provocar una progresiva reducción de la oferta residencial, con el consiguiente perjuicio para los propios inquilinos, que encontrarán menos viviendas disponibles y mayores dificultades para acceder a ellas.
Más oferta, seguridad jurídica y colaboración público-privada
Frente a las medidas basadas en la intervención del mercado, la Cámara considera que la solución a la crisis residencial pasa necesariamente por incrementar la construcción de viviendas, movilizar suelo, facilitar los procedimientos urbanísticos y administrativos y atraer inversión para aumentar el parque residencial disponible.
También considera imprescindible reforzar la colaboración público-privada y generar un marco de confianza que permita a los propietarios particulares, promotores e inversores participar en la ampliación de la oferta.
“No se puede ampliar la oferta castigando a quienes ponen viviendas en el mercado. Necesitamos más construcción, más inversión y más seguridad jurídica. La intervención continuada sobre los precios y las condiciones del alquiler puede reducir la oferta y terminar perjudicando precisamente a las personas a las que se pretende proteger”, concluye el director de la Cámara. “El alquiler asequible no se decreta, se produce”, añade.
Qué cambia respecto a la Ley de Vivienda de 2023
Para entender el alcance de las nuevas disposiciones es necesario diferenciarlas del marco establecido por la Ley de Vivienda de 2023.
Aquella ley introdujo, entre otras cuestiones, la posibilidad de declarar zonas de mercado residencial tensionado y estableció mecanismos de referencia para limitar las rentas en determinados supuestos. Sin embargo, su aplicación práctica dependía en buena medida de la actuación de las comunidades autónomas, que tenían un papel determinante en la declaración de estas zonas y en la puesta en marcha de los mecanismos previstos.
Las nuevas disposiciones pretenden reforzar la aplicación de determinadas medidas y ampliar los instrumentos de intervención sobre el mercado, reduciendo el margen de actuación en algunos aspectos. “Cualquier reforma estructural del mercado residencial debe de abordase mediante el diálogo con las comunidades autónomas, administraciones locales y los representantes del sector, con el objetivo de alcanzar un consenso que permita incrementar de forma sostenida la oferta de viviendas disponibles”, afirma Rodriguez.
No obstante, es importante aclarar que no se establece un control universal de los precios de todos los alquileres en España. Los límites a las rentas de los nuevos contratos siguen vinculados al régimen específico de las zonas tensionadas y a los supuestos previstos en la legislación de vivienda. Las nuevas medidas incorporan, además, restricciones extraordinarias a la actualización de los contratos vigentes.
Tampoco se modifican con carácter general los plazos ordinarios de duración de los contratos de arrendamiento establecidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Lo que se introduce es un mecanismo extraordinario de prórroga para determinados contratos, con las consecuencias que ello supone para los propietarios.
Por otra parte, el nuevo texto incorpora disposiciones específicas sobre los alquileres de temporada y por habitaciones, estableciendo mayores exigencias para acreditar la temporalidad de los contratos y evitar que se utilicen estas modalidades para eludir la regulación del alquiler habitual.
Para la Cámara, el resultado es un marco normativo cada vez más complejo, con modificaciones sucesivas que dificultan que los propietarios, especialmente los particulares, conozcan con claridad sus derechos y obligaciones

